Opinion (736)

Sistema Caótico.

12 Mar 2014
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JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Ex Magistrado de la Corte Constitucional
Resulta indispensable que el país revise las normas que componen el sistema penal acusatorio en vigor plasmado desde el Acto Legislativo 3 de 2002, y que asuma el reto de fijar de verdad una política criminal.
 
En efecto, en las cárceles están muchos que no deberían estar. Y por fuera están muchos que deberían estar en la cárcel.
 
Es decir, no se está haciendo justicia sino que se realiza la injusticia. Y el sistema, lejos de garantizar mayor agilidad, se ha prestado para demoras, aplazamientos indefinidos de audiencias, principio de oportunidad mal aplicado, supuestas formas de colaboración con la justicia totalmente interesadas, irresponsables y engañosas, falsos testigos. En fin, un verdadero caos. 

En reciente radiografía presentada por la Policía Nacional se informa que en el último año cuatro de cinco ladrones detenidos en flagrancia fueron dejados en libertad. 
Dice la Policía que de los 5.088 ladrones detenidos en flagrancia, 4079 fueron dejados en libertad, 197 accedieron a casa por cárcel y sólo a 812 les dictaron medida de aseguramiento.
Pero las cárceles, inexplicablemente, están atestadas. Congestionadas. Y en una situación, vergonzosa para el país, de grave violación de los derechos humanos.
Y muchos delincuentes de cuello blanco están libres o muy cómodos en sitios especiales.

 Ya que el Ministro de Justicia reconoce que las cosas no están bien en el sistema acusatorio, lo que se espera es que por fin el estado colombiano fije una política criminal clara y coherente.
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JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Ex Magistrado de la Corte Constitucional
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ANÁLISIS - Elecciones -10-MARZO-2014
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Un análisis de los resultados obtenidos ayer en las elecciones para Senado y Cámara de Representantes, nos permite exponer las siguientes conclusiones:
 
- Ganó la abstención, que sumada a la votación en blanco, muestra el descontento de la mayoría de los colombiano con la política, o más exactamente, con los actuales políticos de todas las tendencias; con la manera de hacer política; con el gobierno; con la oposición, y en general con la cosa pública. Y eso no deja de ser preocupante, pues estamos en una democracia en la cual decide si acaso el 30% de quienes tienen capacidad de voto. Algo está pasando y debe ser examinado. Lo tienen que pensar los partidos; lo tiene que pensar la oposición; lo tiene que pensar el gobierno.
 
- El otro punto es el de la organización electoral. La Registraduría, que comenzó algo lenta, aceleró su actividad y finalmente entregó a tiempo y con claridad los resultados electorales, por lo cual merece felicitación. Lo que sí debe ser estudiado hacia el futuro es el diseño de las tarjetas electorales, que sin duda causó confusiones enormes entre los electores –en esta y en pasadas elecciones- debido a esa combinación entre logos y números, en especial para los partidos que optan por listas con voto preferente. La verdad es que los votantes no ubican fácilmente 
a sus candidatos favoritos. Es un diseño inconstitucional el de los tarjetones, ya que la Carta Política establece que, en el caso de partidos o movimientos que se acogen al voto preferente, los electores deben escoger entre los nombres que aparezcan en la tarjeta electoral. Y ocurre que los nombres son justamente los que no aparecen en la tarjeta. Aparecen los logos de los partidos –unos parecidos a otros- y muchos números. 
La gente no sabe dónde marcar, al menos quienes ejercen el llamado voto de opinión, y entonces ganan los que tienen votos cautivos, que sí se cuidan en dar a sus votantes las instrucciones necesarias para marcar precisamente donde les conviene que marquen.

- Por lo demás, todos están reclamando el triunfo: el centro democrático, el partido de la “U”; el Gobierno; el partido conservador; el liberal… En fin. Al parecer no huboperdedores. Pero lo cierto es que la irrupción del Centro Democrático de Uribe significó un cambio importante en el mapa político. Es una nueva fuerza política. Y se modifica la relación de fuerzas en el interior del Congreso. Y seguramente eso se reflejará en el trámite de los proyectos legislativos y de reforma constitucional que proponga el Ejecutivo, en particular lo relacionado con los acuerdos de paz.

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¿Otras FF.MM.?¿Otro Ejército?

05 Mar 2014
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John Marulanda
ABOGADO. Consultor Internacional en Seguridad y Defensa.

 
Cuando se firme un documento de Paz en La Habana, las farc, Cuba y Venezuela reclamarán mediáticamente como suyo el éxito de una paz que quedará en suspenso por muchos años. En ese entretanto, los "entreguistas" de las farc tratarán de deslindarse de sus carteles narcotraficantes que continuarán con el negocio. Y mientras nos indigestaremos viendo a los matasiete marxistas-leninistas posando de padres de la patria o dando cátedra sobre derechos humanos, el gobierno proclamará un nuevo y único enemigo del Estado: el narcotráfico. Nada nuevo: rastrojos, urabeños y otras bandas similares ya son un serio problema de orden público. Para combatir este crimen organizado, mejor la Policía que el Ejército, el cual, como ya lo advirtió su actual Comandante, se reducirá. Habrá también que reorientar sus tareas como lo advirtió una viceministra: protección de la biodiversidad y las fuentes hídricas, atención a riesgos y amenazas. Nuestro Ejército con la Escuela de Colonización en La Tagua, la Escuela de Relaciones Civiles Militares, los ingenieros militares, por citar unos ejemplos recientes, ha marcado caminos de desarrollo y progreso interrumpidos por políticas erradas que ahora parecen renacer, recomendadas por militares extranjeros a quienes la patria colombiana no tiene por qué dolerles. ¿Nuevos retos para las FF. MM.? Movilidad, unidades altamente especializadas y por supuesto una inteligente protección de nuestras fronteras frente a una Venezuela superarmada y emproblemada, un Ecuador en rienda autoritaria y una Nicaragua expansionista con apoyo ruso, algo que "especialistas" foráneos no nos lo tienen que decir.
 
Unidades militares electrónicas y cibernéticas serán necesarias, previo reajuste de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Y tecnología: da grima que mientras Venezuela, Ecuador y Bolivia tienen sus satélites propios para asuntos de seguridad, Colombia no. Urgente es posicionar la Escuela Superior de Guerra como primer Centro de Pensamiento en Seguridad y Defensa de nuestro país para que centros similares de otros países, ONG aviesas, empresas disfrazadas de centros científicos y "expertos" mamertos no sean los que "revelen" las cifras del conflicto a su amaño y proyecten el rumbo operacional de nuestras Fuerzas Armadas. ACORE, LA RESERVA MORAL del país, debe resaltar su perfil, actuar con mayor contundencia y rescatar un criterio gerencial con vocación política. Si hay que cambiar sus reglamentos germinales ya es tiempo. El potencial político de Acore, desafortunadamente mal manejado, debe empezar a hacerse sentir. Hay con qué. Tenemos oficiales, suboficiales y soldados que no desmerecen ni poco frente a cualquier militar del mundo. 

Otra reforma es inmediata y crítica: el voto de los militares. No pueden nuestros soldados continuar siendo tratados como ciudadanos de segunda. Sí. Unas renovadas FF. MM., un ejército más moderno, una Escuela de Seguridad y Defensa respetable y una Reserva de peso, pero no como víctimas propiciatorias a los terroristas. Sospecha y temor que el gobierno aún no logra desvirtuar.

 

 

 
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Lo que faltaba.

05 Mar 2014
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JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Ex Magistrado de la Corte Constitucional
En Colombia ha sido permanente desde hace varios lustros el desprestigio de la rama legislativa. No es sino recordar los muchos escándalos que en distintas épocas han tenido lugar, ya sea por los viajes injustificados; por falta de transparencia en los procesos de contratación; por ausentismo; por los antiguos auxilios parlamentarios –que se creyeron extinguidos a partir de la prohibición plasmada en el artículo 355 de la Constitución, pero que de alguna manera, en la práctica, se han restablecido con la “mermelada”-; por la ineficiencia de la Comisión de Acusaciones; por los “micos” introducidos en proyectos; por relaciones con organizaciones al margen de la ley –la llamada “parapolítica”- ; por retención indebida de los vehículos oficiales…En fin, por mil razones que, inclusive, han llevado a algunos congresistas a proponer que mediante referendo se extienda al Congreso la figura de la revocatoria del mandato, hoy prevista apenas para alcaldes y gobernadores.
 
 Del escrutinio y la condena pública no han escapado los sucesivos gobiernos –en especial los más recientes-, también por causas diversas: el proceso 8.000; el despeje y el fracaso del proceso de paz del Caguán; los “falsos positivos” –verdaderos crímenes de lesa humanidad, hoy todavía en gran parte impunes-; la “yidispolítica”;  las interceptaciones ilegales conocidas como “chuzadas”, en la Policía y en el DAS –por ese motivo desmontado-; la omisión en el control y vigilancia de las “pirámides”; Agro Ingreso Seguro; prácticas corruptas en la Dirección Nacional de Estupefacientes, en la DIAN, en la contratación pública; compra de conciencias mediante la “mermelada”; y ahora corrupción en el interior de las fuerzas militares, delincuencia desde las cárceles y hasta tráfico de armas por oficiales del Ejército y la Policía, con destino a organizaciones criminales.
 
 
 
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