Opinion (736)

Minimizada por los medios pero ampliamente difundida por las redes sociales, la carta suscrita por 13 coroneles de la Fuerza Pública y dirigida a los generales Mora, Naranjo y Flores, es un documento de valor político histórico.
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De nuevo, como había ocurrido en Inglaterra, en España y en Colombia, se equivocaron las encuestas en el caso de las elecciones norteamericanas, y contra todos los pronósticos, ganó el multimillonario empresario  Donald Trump, quien será –al menos por los próximos cuatro años- el Presidente de los Estados Unidos.

Hay incertidumbre en todo el mundo, y, como lo muestran la caída de las bolsas y las manifestaciones y marchas que han tenido lugar en distintas ciudades  estadounidenses, existe -y creemos que generalizado descontento,  que se habrá de percibir también en otros países- una enorme prevención acerca de lo que ocurra,  por lo que significa la elección del magnate republicano.

Los temores son justificados, y el responsable de que así ocurra inclusive desde el día de la elección, sin que haya comenzado a gobernar, es el propio Trump. Por sus actitudes durante la campaña; por la agresividad manifestada; por su lenguaje irrespetuoso; por sus frases destempladas; por la inadmisible falta de caballerosidad con Hillary Clinton en los debates; por sus diatribas contra distintos sectores; por su ofensiva promesa de construir un muro que separe a México de los Estados Unidos, pagado según él por los mexicanos. En fin, él mismo se encargó, a lo largo de estos meses, de hacerse odioso para mucha gente.

Pero, desde luego, como a todo gobernante electo, hay que darle oportunidad de mostrar con ejecutorias y con decisiones, cuál va a ser el verdadero perfil de su administración; cuál el rumbo que trace en los distintos e importantes asuntos propios del gobierno, cuya trascendencia no se limita a la esfera norteamericana sino que es muy grande en el plano internacional.

A pesar de todos esos presagios, no imaginados sino creados por el candidato, debemos partir del principio de buena fe y confiar en que sus expresiones desatinadas e imprudentes hicieron parte de una estrategia electoral y que no necesariamente se reflejarán en actos de gobierno. Una cosa es el candidato y otra distinta el Presidente, como se vio inclusive en el caso de Barack Obama, quien, por ejemplo, prometió cerrar Guantánamo y no lo pudo hacer.

Confiamos en la democracia de los Estados Unidos; en la fortaleza de sus instituciones; en su  trayectoria civilista y respetuosa de la Constitución y del Derecho. Va a ser puesto a prueba el sistema de frenos y contrapesos diseñado desde hace doscientos treinta años por los padres de la Carta Fundamental norteamericana.

Habrá de operar adecuadamente el entramado institucional y el ordenamiento jurídico interno, de controles y responsabilidades,  de tal manera que, como en Colombia, en los Estados Unidos tampoco puede el Presidente “hacer lo que le dé la gana”. Por encima del Jefe del Estado están la Constitución, que es un estatuto previsto para evitar el abuso del poder, y la balanza expresada en muchas reglas vigentes. Y en lo externo, el Derecho Internacional; los tratados públicos en vigor, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, que también serán puestos a prueba.

 

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Las recientes elecciones de altos funcionarios, particularmente en corporaciones judiciales y en   órganos de control, hacen pensar que quizá se abra paso cierta sindéresis en los procesos de selección, y ello resulta importante, con miras a la erradicación de las tendencias politiqueras de los últimos años, que tanto daño han causado a la institucionalidad y que han puesto en situación de crisis al Derecho y a la Justicia.

Debemos insistir en la necesidad de recuperar valores y principios que se han venido perdiendo, y ello se debe ver reflejado en la actividad del Estado en beneficio de la justicia, pero ello es inalcanzable si, en el momento del voto, persisten criterios como el puramente político, el burocrático o el del pequeño interés personal o familiar.

Como varias veces lo hemos expresado, es imperativo buscar la excelencia cuando se trata de postular y escoger  a los magistrados, fiscales, procuradores, contralores y defensores, en cuyas funciones y competencias está interesada toda la Nación porque de su imparcial y recto ejercicio depende la supervivencia de las instituciones. Allí están  comprometidas la efectiva vigencia de la Constitución, la adecuada aplicación de la ley, la materialización del Estado Social de Derecho y  la eficacia de la administración de justicia. 

Se percibe un cierto cambio de rumbo, al menos a juzgar por figuras elegidas en estos días, como el Fiscal, el Procurador y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. En efecto, aunque subsiste la desagradable práctica del “cabildeo” de los aspirantes -que a su vez da lugar a compromisos y a perniciosos cruces de favores-, y también sigue importando –a mi juicio, demasiado- el respaldo político, hemos podido observar que, al menos, están volviendo a ser considerados  algunos elementos que en el pasado reciente carecían de todo valor, como las hojas de vida, la preparación académica, la trayectoria profesional, los antecedentes disciplinarios, las ideas y propuestas de los candidatos respecto a las funciones que les habrán de corresponder si son elegidos.

Por ejemplo, los candidatos a la Procuraduría, además de su exposición preparada,  tuvieron que responder públicamente  preguntas de rectores, decanos y senadores. Eso, nos parece, exige del aspirante algo más que llegar bendecido por algún ex presidente de la República o con el impertinente “guiño” presidencial, y es mucho más valioso que prometer cargos o  gastar dinero en invitaciones a cenar.

No es todo lo que se quisiera para tan trascendentales procesos de elección, pero puede ser un comienzo en la búsqueda de mejores costumbres, al amparo de la democracia y del Derecho.   

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