Opinion (736)

Como lo muestra la Historia, los parlamentos o congresos fueron establecidos para discutir, para controvertir, para aprobar las leyes, sobre la base de conocer a fondo el contenido, alcances y consecuencias políticas y jurídicas de los proyectos que les son presentados. Y ello por la poderosa razón de que se trata de sus actos, de sus decisiones, de su legislación, de modo que cuando esos proyectos sean votados y se conviertan en leyes, serán los miembros del congreso o parlamento quienes respondan políticamente por lo actuado.  

 

También los congresos o parlamentos cumplen, en el Estado de Derecho, la trascendental función de ejercer el control político sobre los actos del Ejecutivo, dentro de un esquema institucional de frenos y contrapesos.

 

En el caso colombiano, desde las primeras constituciones, se ha confiado al Congreso la función de expedir las leyes, y aunque en 1968, al reformar la Constitución de 1886, fue contemplada la iniciativa privativa del Gobierno para cierto tipo de leyes, en especial las relacionadas con el presupuesto, los planes de desarrollo y algunas materias de orden económico y la estructura de la administración nacional, siempre el Congreso mantuvo -como corresponde a su naturaleza- la facultad de discutir sobre lo propuesto, y la posibilidad de modificarlo. Además, el Congreso era titular de la cláusula general de competencia, que significaba la atribución prevalente de expedir las leyes sobre cualquier materia y por iniciativa propia, salvo en  los casos expresamente señalados por la Constitución. Este sistema se mantuvo en 1991, inclusive otorgando al Congreso atribuciones más amplias.

 

En lo que atañe a la reforma de la Constitución, conserva el Congreso, a la luz de la Carta Política de 1991, la facultad correspondiente, mediante actos legislativos, si bien en ese año se suprimió la exclusividad que le había sido atribuida en 1910 y en 1957, para dar paso a reformas introducidas por asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo.

 

Pero en 2016 (Acto Legislativo 1), con el objeto de desarrollar con prontitud lo pactado en el Acuerdo de Paz rechazado por el pueblo en el plebiscito, y a ciencia y paciencia de la Corte Constitucional, supuesta guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución (Art. 241 C.P.), se introdujo una reforma mediante la cual fue previsto un trámite especial para aprobar en el Congreso, de manera más expedita, actos legislativos y leyes, en principio orientados exclusivamente a la implementación de lo pactado con Farc, aunque hemos visto que ahora quieren tramitar por esa vía rápida materias completamente extrañas al objetivo inicial.

 

Mediante este procedimiento, que han dado en llamar "Fast track" -trámite abreviado-, no solamente fue reducido el número de debates previsto en la Constitución a la mitad, sino que los congresistas fueron despojados de toda iniciativa sobre esas materias, lo cual es contrario al concepto mismo de la función legislativa.

 

Como si fuera poco, los congresistas no pueden proponer modificaciones a los proyectos que presente el Ejecutivo, y si quisieran hacerlo deben contar con el aval del Gobierno y someterse a lo pactado en el Acuerdo de Paz. Además, todo debe ser votado en bloque, sin poder introducir distinciones ni separar normas o conceptos. Sin discusión. Sin debate. Sin confrontación de orden jurídico o técnico.

 

En otras palabras, se convirtió al Congreso en convidado de piedra. En un cuerpo decorativo y muy costoso que no puede ejercer sus naturales atribuciones. En un escenario para exposición meramente formal de apariencias. Porque en el futuro se dirá que todo pasó por el Congreso y que  lo aprobó el Congreso, lo cual, en términos reales, no se ajusta a la verdad. Y los trámites correspondientes no son otra cosa, hoy, que procedimientos inocuos e innecesarios. Bien habrían podido evitar este trámite y que la implementación del Acuerdo de Paz corriera a cargo del Ejecutivo, que es lo que en realidad acontece, sólo que tiene lugar, pero guardadas las apariencias.  

 

Y fue el propio Congreso el que aprobó las disposiciones que lo anularon. Ver para creer.

 

 

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Los malos jugadores, cuando pierden, rompen el naipe y se retiran del juego. Además, suelen ser agresivos.          
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El Almirante Tidd, jefe del Comando Sur, fue claro ante el Senado de su país: en Venezuela podría generarse una grave crisis humanitaria que afectaría toda la región, requeriría una intervención conjunta y sería aprovechada por Rusia y China, grandes inversionistas económicos y políticos de la dictadura chavista.

 

Cuando se agudice la crisis -y se complicará más- países directamente afectados como Brasil y Colombia se verán obligados a intervenir humanitariamente y por supuesto, Estados Unidos ofrecerá su ayuda que será denunciada como una intromisión del Imperio y señalada como prolegómeno de la invasión gringa soñada por Chávez.

 

Las farc han fijado su posición fanática, claramente marxista leninista, comunista, inhumana: apoyar al tirano y su banda de ladrones. En los estados fronterizos de Zulia, Táchira y Amazonas mantienen campamentos, miles de hombres armados, los misiles rusos de los que no quieren hablar y rutas de narcotráfico y minería ilegal.

 

La organización narcoterrorista entraría en acción para defender la “robolución” bolivariana. Cualquier cosa puede suceder.

 

Mientras los militares venezolanos deciden si apoyan un gobierno de transición que calme la revuelta popular y ayude a sacar al país de la inflación y la tasa de homicidios mayores del mundo, de la escasez de comida y medicamentos y de la vergüenza de sus funcionarios pícaros y ridículos, en Colombia también se anuncia un gobierno de transición que, ingenua o perversamente, ayude al nuevo partido comunista, marxista- leninista, a instalarse en el poder en donde se atornillará, desarrollará la vindicta necesaria para corregir el rumbo de nuestra historia, según sus designios socialistas y desde donde iniciará una era de corrupción y ladronismo, superior a la de las elites políticas que están entregando el país en manos equivocadas.

 

Así vamos: los venezolanos tratando de salir de la dictadura a costas de sus vidas y los colombianos forzados a entrar a ella gracias al engaño y la candidez.

 

A los comunistas jamás les ha importado ser mayoría ni ganar simpatía: tienen un método probado de hacerse con el poder -el miedo- y un sistema comprobado de pauperizar todo lo que tocan: la corrupción, la rapacería.

 

Los marxistas han sido una desgracia donde quiera que han gobernado. Ya se verá ahora que empiecen a impartir justicia y sus milicianos, con las armas del claudicante gobierno, a espiarnos, denunciarnos e intimidarnos como los “colectivos” en Venezuela.

 

El narcotráfico seguirá dominando la escena económica, social y política del país; nuestras Fuerzas Armadas continuarán debilitándose según los designios del Foro de Sao Paulo; la posición de Estados Unidos aún está por verse –tienen otros asuntos importantes y críticos que resolver- y el resto del escenario internacional mirará con curiosidad y sorna toda esta truculencia de La Paz en Colombia.

 

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